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"Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes".
Esa fue la advertencia que el presidente Nayib Bukele les lanzó a los líderes de los grupos criminales de Haití después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños que integraban una fuerza multinacional fueran secuestrados el 18 de octubre.
Desde entonces, ha enviado al país caribeño a 2.000 militares para reforzar los operativos de búsqueda y rescate que ya patrullan los alrededores de la capital, Puerto Príncipe.
"Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos interés en dominar al pueblo haitiano, ni en apropiarnos de la riqueza de Haití", escribió Bukele en la red social.
Bukele declaró una guerra contra las pandillas en El Salvador que ha dado como resultado una drástica reducción de la violencia en su país gracias a una dura política de mano dura y encarcelamiento que le ha generado críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Ahora, parte de esa estrategia se traslada a Haití, posiblemente el país más peligroso de América Latina y en el que el Estado parece incapaz de controlar a los poderosos grupos criminales.
"Pasamos por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy", dijo Bukele la pasada semana.
"Sabemos lo que eso significa: vivir con miedo, no confiar en los políticos, no creer en nadie que prometa ayudarte. Porque nadie vino a ayudarnos, y quienes vinieron no tenían buenas intenciones", dijo.
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Por eso, les pidió a los haitianos "confiar" en él. "Vinimos a Haití para luchar contra los malvados", agregó.
En BBC Mundo hablamos con Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), sobre qué se sabe de las bandas que controlan la zona en la que se les perdió la vista a los cuatro salvadoreños y cómo se comparan con la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, bajo cuyo yugo vivió El Salvador durante décadas.
También le preguntamos sobre las dudas que rodean al despliegue militar, cuál es su mayor reto ahora, qué arriesga Bukele con ello y qué podría ganar.
Fuente de la imagen, Cortesía de Romain Le Cour Grandmaison
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El presidente Bukele les advirtió a los líderes de las organizaciones criminales en Haití que, al igual que acabó con las pandillas en su país, lo puede hacer con ellas. ¿Es replicable el modelo?
Es una frase de gran impacto político, pero conviene distinguir dos cosas.
Lo que se vende como el "modelo Bukele" es lo que se hizo en El Salvador: un proceso de encarcelamiento masivo en un sistema penitenciario creado para este efecto. Lo que está haciendo en Haití hasta ahora es otra cosa. Es un despliegue y un operativo militar en otro país.
Quizás en algún momento sea el "nuevo modelo Bukele" o el "segundo modelo Bukele". Quizás el gobierno haitiano, dentro de una semana, un mes o un año, le pida a Bukele implementar su modelo original, lo que hizo en El Salvador.
Pero hoy por hoy no lo es, y conviene no confundir ambos debates.
Lo que me parece importante resaltar es que está haciendo algo nuevo para él, para El Salvador y, en gran medida, para América Latina.
Es muy raro, en décadas, que un país latinoamericano despliegue fuerzas para operaciones de combate en otro país del hemisferio, fuera de una misión de paz de Naciones Unidas. Lo que está pasando es realmente inusitado.
¿En qué se parecen y, sobre todo, cómo se diferencian las pandillas de uno y otro país?
Comparten el control territorial, la extorsión y la violencia contra la población, pero las diferencias son profundas. Los grupos criminales haitianos más poderosos, unos 20, se asemejan a milicias armadas.
Son grupos numerosos, con armas semiautomáticas, y controlan territorios inmensos: cientos de kilómetros cuadrados, cerca del 90% de la capital según la ONU, y parte de las provincias. En algunas de estas zonas, las fuerzas públicas no han entrado desde hace cinco años.
Gobiernan esos territorios, cobran impuestos, controlan carreteras y las principales infraestructuras portuarias del país, y están insertos en redes políticas y económicas que los sostienen.
Su origen también es distinto. La MS-13 y el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones de los años 90, tras la guerra civil.
En Haití, muchos de estos grupos nacieron o crecieron de la mano de actores políticos y económicos que los usaron para sus propios intereses.
Entonces, si el despliegue salvadoreño logra recuperar ciertos territorios y detener o neutralizar a ciertos líderes, pueden abrirse dos escenarios.
La primera opción es que suceda lo que vemos en América Latina en general: cuando se decapita a un grupo criminal, surgen dos. Había un problema, ahora hay dos.
La segunda es que el despliegue logre mejoras reales de seguridad. Aun así, quedaría intacta la criminalidad político-económica que sostiene a estos grupos.
Y ahí está el problema de los grandes discursos de mano dura sobre la guerra contra el crimen, en Haití y en otros lados: se plantea como una guerra, de matar gente. Pero si eso funcionara, después de 60 años de guerra contra las drogas, América Latina no estaría como está.
¿Cuánta gente se estima que conforma estos grupos? ¿Qué entrenamiento y armamento tienen? Y ¿cómo se compara su capacidad de combate con la de un ejército formal?
Según las estimaciones, reúnen en total entre 15.000 y 20.000 miembros, aunque la cifra varía según los grupos y las alianzas del momento.
En cinco años, pasaron de armas de pequeño calibre y rifles de caza a fusiles semiautomáticos de 5,56 mm y, cada vez más, de 7,62 mm, en grandes cantidades.
Una parte importante proviene de compras en Estados Unidos, y luego traficadas a Haití. Otra parte significativa viene del desvío de existencias oficiales de la policía haitiana, del ejército haitiano y de las fuerzas de seguridad dominicanas, con la complicidad de redes de corrupción a ambos lados de la frontera.
Frente a un ejército formal, en teoría superior en todo, la ventaja de los grupos criminales es el conocimiento perfecto del terreno, calle por calle y barrio por barrio.
Han construido trincheras, muros, barricadas y trampas. Son móviles, saben desplazarse, esconderse y replegarse hacia territorios aliados, para volver una vez que la presión disminuye.
Tácticamente se asemeja a una guerrilla urbana, un tipo de combate extremadamente difícil incluso para los ejércitos más sofisticados, en barrios densamente poblados donde los civiles permanecen atrapados.
Las fuerzas de seguridad, por su parte, disponen de poca inteligencia, y la que tienen suele ser de mala calidad.
Sin embargo, la capacidad real de estos grupos sigue poco probada. Casi nunca han enfrentado operaciones intensas, coordinadas y sostenidas durante semanas.
La policía lo intentó brevemente a fines de 2025, y la Fuerza de Supresión de Pandillas [GSF, la fuerza multilateral a la que pertenecen los militares salvadoreños desaparecidos] apenas comienza. Nadie sabe con certeza cómo reaccionarían ante una presión prolongada.
¿Cómo se explica que hayan llegado a controlar buena parte de la capital y sus alrededores?
Por tres factores combinados.
El colapso del Estado, con una policía desbordada, una Justicia paralizada, cárceles vaciadas en 2024 y una ausencia de autoridad pública en amplias zonas.
El apoyo de actores políticos, económicos y, en algunos casos, de seguridad, que han recurrido a estos grupos según sus intereses, como documenta el último informe del Grupo de Expertos de la ONU.
Y un flujo constante de armas y municiones.
A ello se suma una respuesta internacional que fue tardía y, durante años, insuficiente.
¿Qué se sabe en concreto de los grupos que controlan la zona donde desaparecieron los militares salvadoreños?
La emboscada ocurrió en Santo, en Croix-des-Bouquets, un territorio controlado por Chen Mechan, con participación de 400 Mawozo. Ambos figuran entre los grupos más poderosos del país.
Sobre todo 400 Mawozo, por una lógica de expansión territorial que desarrolló con mucha fuerza en los últimos años.
Liderado por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, ya controlaba un territorio muy amplio en la periferia de Puerto Príncipe, en una zona entre urbana y rural, pero se extendió hasta controlar accesos y el eje de carreteras hacia la República Dominicana.
Con ese acceso logró cobrar extorsión sistemática a todo lo que entra y sale por ese eje, lo que le da recursos financieros considerables.
Pero, sobre todo, se convirtió en un intermediario en el tráfico de armas desde la República Dominicana, con cómplices a ambos lados de la frontera, para sí mismo y para vendérselas a otras pandillas.
¿Cuántas fuerzas están combatiendo a estos grupos hoy?
Es una especie de mosaico de todo tipo de fuerzas públicas y privadas.
Cinco estructuras operan en el país: la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití, aún incipientes; la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la Task Force, que integra a contratistas de la empresa militar privada Vectus Global, y ahora el contingente salvadoreño.
A ellas se suman grupos parapúblicos y grupos de autodefensa en distintos barrios y zonas rurales.
Es difícil dar una cifra precisa del total.
Lo que sí es claro es que la coordinación estratégica es muy limitada, en particular entre las propias fuerzas públicas.
Cada actor opera con su propio mandato, cadena de mando y reglas de enfrentamiento, sin planificación común. Es una orquesta sin director.
¿Qué papel está teniendo en Haití Vectus Global, la empresa de Erik Prince, el fundador de Blackwater?
Opera en Haití desde marzo de 2025, contratada por el gobierno de Haití.
Prince declaró a la prensa que tiene un contrato de 10 años, que incluiría a futuro un papel en la recaudación aduanera.
Su actividad más visible son los ataques con drones: Human Rights Watch documentó más de 1.200 muertos en esas operaciones entre marzo de 2025 y enero de 2026, incluidos niños.
Sobre el financiamiento, no hay información pública: ni el monto, ni las condiciones, ni el origen de los fondos han sido transparentados.
En cuanto a su eficacia, el balance es pobre. En unos 18 meses, y pese a contar con drones, helicópteros y operadores especiales, ningún líder criminal de primer plano ha sido neutralizado o capturado, mientras que los grupos han seguido expandiéndose.
Ilustra bien los límites de la potencia de fuego sin una estrategia detrás.
¿Qué aportan a este panorama los soldados enviados por Bukele?
Antes de la emboscada, El Salvador aportaba a la GSF unos 125 efectivos de aviación, dedicados a evacuaciones médicas.
Hoy tiene más de 2.000 militares en el terreno, entre fuerzas especiales, infantes de marina, infantería y personal de apoyo, y se esperan unos 2.500. Es el tamaño de toda la GSF antes del refuerzo.
¿Ante quién responderán? ¿Bajo qué mando actúan?
Es una de las grandes incógnitas.
Un acuerdo bilateral, que equivaldría a un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA), habría sido aprobado el 28 de octubre, pero sus términos no se han hecho públicos.
El gobierno haitiano habla de cooperación "en el marco de la GSF", sin más detalle, mientras que la comunicación salvadoreña no menciona a la GSF.
Desde entonces, Naciones Unidas aclaró que la gran mayoría de los militares salvadoreños no están desplegados bajo la GSF y, por lo tanto, quedan fuera de su mandato.
La pregunta ya no es solo bajo qué mando actúan, sino quién responde si algo sale mal.
Tampoco se conocen públicamente sus reglas de enfrentamiento, sus objetivos ni la duración del despliegue.
Si estos elementos salvadoreños terminan integrados en una estrategia conjunta y coordinada de seguridad pública, quizás puedan hacer cierta diferencia, porque sí se necesitan más tropas. Si van por su lado, lo que hacen lamentablemente es agregar cacofonía y caos a una estrategia que ya es disfuncional.
Acumular tropas no es una estrategia: nadie ha dicho todavía qué deben lograr juntas estas fuerzas, ni cómo se sostendrán los territorios recuperados.
¿Y cuál es su mayor reto?
Su principal desafío es el desconocimiento del terreno.
No hablan criollo. No conocen a los actores locales, las alianzas entre grupos ni las rivalidades, y les resultará muy difícil distinguir a los miembros de los grupos criminales de una población civil atrapada en las zonas de combate.
Tampoco cuentan con redes propias de inteligencia, y dependen de información de calidad desigual. En un combate urbano, esa desventaja puede ser determinante.
Además, estos grupos criminales controlan o son activos en un territorio tan extenso que las fuerzas que los enfrentan no logran movilizarse en todas partes al mismo tiempo.
Porque estas pandillas, que en su día estuvieron enfrentadas, entiendo que funcionan como una especie de conglomerado. ¿Es así?
Sí. La coalición Viv Ansanm, que significa 'Vivir juntos' en criollo haitiano, se anunció oficialmente en febrero de 2024.
Cada grupo es parte de la coalición, pero conserva su territorio y el derecho a gobernarlo como quiera, su soberanía, y no tiene obligación de defender a su aliado.
Y los recursos son de cada uno. Si un grupo gana 100 con la extorsión y otro gana 10, no tienen por qué compartir las ganancias.
Lo que sí había dentro de la coalición era un pacto de no agresión que permite moverse por el territorio de otra pandilla, compartir información, coordinarse para lanzar ofensivas conjuntas.
Aunque en los últimos seis o siete meses la coalición se fue fragmentando muchísimo, hubo combates entre pandillas, hasta el punto de que varios líderes empezaron a decir que ya no formaban parte de ella.
La gran pregunta ahora es si estas ofensivas van a crear de nuevo una especie de enemigo común que lleve a las pandillas a reactivar la coalición y a pelear juntas, o si van a decir: "Yo no voy a morir por ti. Si los salvadoreños quieren a 400 Mawozo y a Chen Mechan, no es problema mío".
Y hay una tercera posibilidad: que otros grupos abran frentes de distracción en otras zonas de la capital para aliviar a sus aliados. Nadie sabe hoy si las fuerzas pueden combatir en varios frentes a la vez.
En los últimos días, Lanmò San Jou escribió al secretario general de la ONU para pedir diálogo y mediación, y se desmarcó del ataque señalando a Chen Mechan.
Es una señal de que la presión se siente, pero también una jugada estratégica: reducir su exposición y buscar reconocimiento. Y confirma que, bajo presión, cada grupo empieza a jugar por su cuenta.
El diálogo no debería ser tabú: en Haití los contactos con los jefes de pandillas existen todos los días, siempre negados, pero sirven sobre todo para resolver cuestiones logísticas, no para resolver la crisis ni hacer justicia.
Dialogar no significa impunidad ni amnistía. Requiere justicia, precisamente, y un marco real, liderado por las autoridades haitianas.
En un mensaje dirigido a la población haitiana, Bukele les pidió que confiara en él, y le aseguró: "No vamos a hacer negocio. Nadie nos está pagando". ¿Qué lectura haces de eso?
Lo interesante es que, en la medida en que él comunica mucho y el gobierno haitiano muy poco, Bukele aparece hoy como la voz más visible de la estrategia de seguridad en Haití.
Explica lo que va a suceder, casi respondiendo de antemano a las preocupaciones: "Esto no es una invasión, no vine a hacer negocios, no vine a matarte a ti, ciudadano honesto. Vine a hacer el trabajo que nadie está haciendo por ti".
Hay algo muy fuerte en su manera de dirigirse directamente al pueblo para obtener su apoyo.
¿Y cómo se ha recibido en Haití?
Se tiende a decir que en Haití el pueblo estaría dispuesto a aceptar cualquier solución que le permita quitarse de encima las pandillas, por la frustración tan fuerte que hay con el gobierno y las fuerzas de seguridad, y por la inacción y sentimiento de abandono.
Es decir: "Sea cual sea el nivel de violencia, hagan algo". Una parte de la población, e incluso algunos analistas y organizaciones haitianas, comparten ese mensaje.
Pero creo que, en realidad, es más complejo, y hay mucho escepticismo.
Los haitianos reciben promesas de este tipo regularmente y no las creen. Además, saben perfectamente lo que significan estos operativos, lo sangrientos que pueden ser y el precio que van a pagar los civiles.
Tácticamente, el despliegue puede funcionar: los jefes de pandillas de la zona están preocupados, nunca enfrentaron semejante poder de fuego, y las tropas pueden recuperar territorios y darle oxígeno a la población, e incluso a la policía y a la GSF.
Nadie puede oponerse a un regreso de la seguridad. La pregunta es a qué costo, y por cuánto tiempo, sin justicia, sin servicios y sin que el Estado haitiano asuma realmente su responsabilidad.
Dicho esto, si los salvadoreños logran detener o neutralizar a uno, dos o tres líderes pandilleros de primer plano, les puede dar un capital y reconocimiento político enormes.
En ese sentido, ¿qué se sabe de la operación que se está llevando a cabo desde el 18 de octubre y qué resultados está teniendo?
En términos de resultados sabemos poco. Los cuatro salvadoreños siguen oficialmente desaparecidos: el 24 de octubre se hallaron restos humanos que aún no han sido identificados, y Bukele afirma que no son de sus hombres.
Lo que se hizo hasta ahora se parece bastante a lo que se viene haciendo en Haití en los últimos tres años, con anuncios casi semanales de ofensivas y puntos de inflexión.
Lo que sí se está documentando es el impacto sobre la población civil. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) contabilizó por lo menos 2.000 personas desplazadas, y MSF (Médicos Sin Fronteras) atendió a decenas de heridos por bala o por explosiones de drones y tuvo que suspender sus clínicas móviles.
En pocos días, con drones, helicópteros de ataque y armas pesadas, la realidad en el terreno cambió drásticamente. La escalada es crítica.
Y hay un riesgo para después: cuando los barrios se reabren de golpe y parcialmente, aumentan los riesgos de linchamientos, venganzas y de que las brigadas de autodefensa tomen el control, con habitantes señalados como cómplices de las pandillas.
Además, las organizaciones humanitarias encuentran obstáculos para prestar ayuda y apoyo a la población de la zona.
Pensar la respuesta humanitaria y la desmovilización por separado es un error.
En los mismos barrios es donde debe abrirse una salida para quienes quieren dejar los grupos, empezando por los niños reclutados.
La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNDDR) existe, pero mientras miles de soldados presionan los bastiones de estos grupos, no hay ningún mecanismo instalado.
Los que más tienen las de perder son seguramente los civiles, pero ¿a qué se arriesga Bukele?
El riesgo es real, y no viene únicamente de Haití.
Hay numerosos ejemplos, en los últimos 70 años, de ejércitos poderosos y entrenados que operan en contexto urbano o rural contra grupos pequeños y ágiles que conocen perfectamente la zona, y que caen en una trampa de la que nunca logran salir.
Corre el riesgo de que esto se vuelva algo tremendamente sangriento y muy costoso para las tropas salvadoreñas, y que, sin lograr resultados en el terreno, termine convirtiéndose en un operativo fracasado.
Está además la cuestión del costo. Bukele afirma que El Salvador asume el 90%, pero ¿por cuánto tiempo? Un despliegue de un mes y uno de un año no son lo mismo.
Por último, imagino que puede haber un riesgo político interno [en El Salvador], que la población le reclame: "¿Por qué mandaste a nuestros hijos a morir en Haití?".
Él mismo respondió con un tuit a los críticos que dicen que esto podría ser su Waterloo [en referencia a la histórica batalla de 1815 en la que Napoleón fue derrotado]. Pero ¿por qué crees que decidió asumir este riesgo?
La decisión puede responder a varias cosas a la vez: la necesidad de reaccionar, la voluntad de mostrarle al ciudadano salvadoreño que, pase lo que pase, el Estado va a cuidar a sus soldados y a traer de vuelta a los desaparecidos, y también el deseo de pasar a otro nivel de cooperación con Estados Unidos, mostrando que El Salvador es capaz de asumir ese tipo de liderazgo en la región.
El Salvador ha tenido una participación activa en las operaciones de seguridad en Haití a través del marco de Naciones Unidas. Siempre estuvo bastante comprometido con los despliegues en Haití.
Incluso en la GSF fue de los primeros países en anunciar que iba a aumentar su contingente, probablemente gracias a la buena relación que tiene con el gobierno de Estados Unidos.
Ahí puede haber una apuesta política de Bukele: demostrar que no es únicamente un actor nacional, sino un actor mucho más poderoso a nivel hemisférico, donde su modelo goza de gran popularidad.
Un medio estadounidense, Axios, reportó que, antes de enviar tropas de refuerzo a Haití, Bukele habría llamado a Donald Trump. El presidente estadounidense lo confirmó, agregando que le dijo: "Tienes un gran problema con Haití. Haz lo que tengas que hacer". Y cuando un periodista le preguntó si EE.UU. estaba considerando enviar ayuda, contestó: "(Bukele) No necesita ayuda". ¿Qué rol ves tú que está teniendo en todo esto Estados Unidos?
Hay señales oficiales del rol de Estados Unidos, como el apoyo logístico aéreo para traer las tropas a Haití.
Lo que veo es cierta prudencia, cierto silencio de la administración a la hora de comentar oficialmente el marco de esta intervención, sabiendo que Estados Unidos fue y sigue siendo el principal impulsor de la GSF.
Es el principal impulsor de la GSF, pero a su vez no hay efectivos estadounidenses en ese cuerpo multilateral.
No, para nada. Hasta cierto punto, este despliegue encaja con una lógica en la que Estados Unidos actúa a través de aliados regionales.
Habrá que ver si se integra o no en una lógica más coordinada.
Ya mencionabas que esto es inusitado. ¿Se plantearía como un posible modelo de seguridad para el hemisferio?
Si logra resultados que incluso a juicio del gobierno haitiano sean positivos, es muy probable que se convierta en un modelo.
Pero la experiencia pasada en Haití, de la MINUSTAH [la misión de estabilización de Naciones Unidas desplegada en 2004] por ejemplo, es clara: las victorias territoriales fueron reales, pero sin justicia ni acción contra las redes que sostienen a estos grupos, la crisis volvió más fuerte.
Despejar territorios sin justicia no dura.
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