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Primera modificación: 03/09/2026 - 15:24
Nicaragua avanza hacia una nueva reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato presidencial y restringe la participación de sectores de la oposición en futuras elecciones. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende estos cambios como parte de un modelo propio de democracia, mientras sus críticos alertan de una mayor concentración del poder y del cierre de los espacios para la alternancia política. ¿Está Nicaragua ante la consolidación de una dinastía Ortega? Lo analizamos.
La reforma constitucional, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, deberá superar una segunda votación para entrar en vigor. El oficialismo controla la Asamblea Nacional y, tras los cambios constitucionales aprobados en 2024, el Poder Ejecutivo adquirió nuevas facultades sobre el resto de las instituciones del Estado.
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Ahora, el Gobierno sostiene que las modificaciones buscan garantizar elecciones libres de injerencias extranjeras, mientras críticos y organizaciones opositoras advierten que las nuevas reglas podrían cerrar aún más el espacio político y convertir los comicios en un mecanismo de continuidad del poder de Ortega y su esposa.
En este contexto, nos preguntamos en El Debate de France 24, ¿Qué implicaciones tiene esta reforma para la democracia nicaragüense y qué escenario abre para la oposición? ¿Qué tipo de sistema político está tomando forma en Nicaragua: una concepción propia de democracia o una estructura institucional diseñada para perpetuar a la familia Ortega-Murillo en el poder?
Para Félix Maradiaga, profesor de Ciencias Políticas, la reforma constitucional representa un paso más hacia la consolidación de una “dictadura familiar”, al restringir la participación de la oposición y concentrar mayores facultades en Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por su parte, Adalberto Santana, investigador y doctor en Estudios Latinoamericanos, defiende que Nicaragua tiene sus propias formas de democracia, determinadas por la correlación de fuerzas favorable al sandinismo y por la voluntad política expresada, según su interpretación, por la mayoría de la población.
El futuro político de Nicaragua queda, así, marcado por una reforma que debe superar una segunda votación, pero que ya plantea interrogantes sobre el alcance de la participación política y la alternancia en el poder.
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